UN MODELO AGOTADO
El Gobierno abrirá otra vez el plan
Presentó una nueva ley para maquillar el actual programa de subsidios a desocupados que es la columna vertebral de la política social. Una herramienta clientelista clave rumbo a las elecciones del 2023.
El proyecto de Ley de Inclusión Social enviado a la Legislatura para ser tratado en sesiones extraordinarias en los próximos días, es el relanzamiento del plan. Reciclará a quienes están en la actualidad en el PIS y garantizará además un lugar a aquellos que se “encuentran sin empleo formal registrado”.
En esta instancia Alberto Rodríguez Saá se propone sustituir el andamiaje que da el marco legal a los planes. Los últimos datos oficiales previos a las elecciones daban cuenta de 27.647 beneficiarios de Inclusión y 17.708 en las Becas 22AG. No están incluidos acá los inscriptos del Plan Empezar.
El futuro plan social no innova, ni introduce nuevos beneficios, según se desprende del texto que ingresó por la Cámara de Diputados junto a la convocatoria a sesiones extraordinarias.
En junio el Plan de Inclusión cumplirá 19 años. Fue creado por Alberto Rodríguez Saá al iniciar su primer mandato en 2003.
Arrancó con 50 mil beneficiarios que protagonizaron la mayor movilización ocurrida en San Luis, desde la vieja Casa de Gobierno hasta el Río Seco, y llegó a un récord de casi 80 mil personas en 2017 después de una derrota electoral de los hermanos Rodríguez Saá. Estimaciones extraoficiales estiman que el próximo relanzamiento hará llegar el padrón a 100 mil beneficiarios.
Insiste con los planes como única política social para combatir la pobreza e indigencia que se multiplicó en San Luis.
Junio de 2003. Rodríguez Saá marcha desde la Casa de Gobierno hacia el Río Seco donde los desocupados iban a cortar yuyos. (Foto Internet)
Los indicadores que exhibe la provincia reflejan el fracaso de este modelo que ha sostenido Rodríguez Saá en los 15 años que lleva como gobernador.
El último anuncio salarial no da lugar a aplausos. A partir de marzo percibirán $25.200 de bolsillo y en diciembre llegarán a $32.100. Según el Indec el ingreso mínimo requerido en enero por una familia, de cuatros miembros, para no ser indigente fue de $34.334.
Qué dice la nueva Ley:
| El plan está destinado a toda las personas mayores de edad que se encuentren sin empleo formal registrado.
| Los beneficiarios percibirán una colaboración económica mensual.
| Las prácticas a desarrollar tendrán una duración mínima de seis horas diarias o una máxima de ocho horas, cinco días a la semana.
| El beneficio no implica en modo alguno vinculación de naturaleza laboral ni administrativa entre el Estado provincial y el beneficiario.
| Es incompatible el beneficio con la percepción de planes o beneficios económicos provenientes de gobiernos nacionales, provinciales o municipales, a excepción de la Asignación Universal por Hijo (AUH).
| Los actuales beneficiarios del Plan de Inclusión Social tendrán derecho por única vez a sumarse al nuevo plan. Quienes no adhieran quedarán afuera y recibirán por el plazo de tres meses un aporte extraordinario equivalente al monto del beneficio.